Extracto este solo artículo, cuyo origen es Pagina 23
Es indudable que no conocen, mienten, resultan burdamente falaces y advenedizos, no conocen la milicia e inventan a gusto y piacere.
Recuerdo que cuando Francia detonó su última bomba nuclear en el Atolón de Mururoa en el Pacífico Norte el barco de Green Peace se dirigió hacia el lugar de la explosión con la intención de evitarla y cuando atracó en el último puerto que si no recuerdo mal fué en Filipinas, unos buzos colocaron pequeños artefactos explosivos que afectaron el timón y la hélice sin hundirlo e impidiendo su desplazamiento.
Luego de una investigación y denuncias de por medio, el gobierno francés aceptando la participación del Servicio Secreto, tiempo después; la medida que tomó el Primer Ministro fué cambiar al Jefe del Servicio Secreto que nunca reveló quien era.
Para los progresistas que saltan de contentos con esta burda maniobra, no se dan cuenta o lo hacen a propósito, que durante décadas no habrá seguridad para un agente de inteligencia con esta publicación.
Sin lograr por ello ni mas ni menos que si en lugar de publicar la lista la hubiesen entregado parcialmente a los jueces según su necesidad de saber o sea de su jurisdicción y no se afeectaba ningún derecho.
Con esta difusión y publicación se entregó a agentes que debieron permancer con su cobertura y secreto, ya que en muchos casos cumplieron funciones de servicio secreto en el exetrior o dejando al descubierto la ubicación de las plantas de escucha, o las personas que manejaron claves, etc. etc.
Pero claro, ellos están contentos y lo mejor es que los periodistas elucubran cualquier cosa, que luego los jueces tomarán como un regla y se regirán por la versión del periodista improvisado para dictar sus sentencias, pues tampoco los jueces saben ni entiende de milicia pues no es su fuero, desconocen el tema del que se trata.
En esta situación costará un poco mas la reconstucción, pero llegará y aquellos jueces que cometen violaciones a los DDHH con los militares, policías etc. cometen un delito tan imprescriptible como los que ellos hoy juzgan pues se valen del poder del estado para hacerlo y lo hacen a sabiendas.
Llegará el día en que sean sentados a un tribunal, aunque sean jubiladitos y ancianos.
Batallón 601: el cerebro del terrorismo de Estado
Los secretos revelados
La lista con los nombres de los integrantes del organismo de inteligencia es un documento histórico.
Cómo funcionó el núcleo duro del aparato represivo.
Por Adrián Murano y Franco Mizrahi
Producción: Luz Laici, Alejo Benevet, Deborah Maniowicz, Lucas Cremades, Tomás Eliaschev y Andrés Carpintero
La mayoría tiene más de 50 años.
Llevan una vida corriente como pintores, abogados, comerciantes, porteros, profesionales, empleados, oficinistas, fotógrafos, docentes.
Padres y madres de familia, abuelos, amigos, vecinos.
Argentinos anónimos sin más lazos aparentes entre sí que la pasión por el asado, la ensalada mixta o los ravioles con tuco.
Pero guardan un secreto común: hace tres décadas reportaban al temible Batallón 601, el cerebro que condujo la cacería criminal más atroz de la Argentina reciente.
Hubo que esperar 27 años para que se revelara uno de los secretos mejor guardados del país: quiénes integraron el máximo organismo de inteligencia del Ejército durante el terrorismo de Estado.
Hubo que esperar casi tres décadas de democracia para que la memoria de los argentinos accediera a los 4.300 nombres que integraban la plantilla de personal, los rangos y las actividades de los agentes que aportaron información, apoyo logístico y mano de obra a la represión.
Veintitrés accedió en exclusiva a ese documento histórico y lo difunde completo en un dossier especial, con la esperanza de aportar una porción de verdad en la trabajosa lucha contra el olvido.
El listado, que lleva la firma del actual jefe de Inteligencia del Ejército, César Milani, fue entregado al juez Ariel Lijo por Ramón Torres Molina, titular del Archivo de la Memoria.
La nómina incluye los nombres de 1.599 personas que se desempeñaron como agentes civiles de inteligencia en el Batallón 601 y 2.353 que cumplieron tareas en distintos destacamentos y secciones en diferentes lugares del país.
El documento se complementa con una lista de 345 militares del 601.
Las investigaciones que permitieron la identificación del total del personal que desarrolló tareas en ese lugar fueron efectuadas por la Unidad de Investigación del Terrorismo de Estado, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y constituyó el primer aporte significativo del Archivo a partir del decreto del Poder Ejecutivo que ordenó la desclasificación de la información vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983.
La inclusión en esta lista no implica que los mencionados estén siendo investigados por la justicia y mucho menos acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad.
El juez Lijo analiza el contenido de este documento rastreando testigos e indicios que le permitan avanzar en su investigación sobre el accionar del 601.
En el marco de ese expediente, en 2007 Lijo condenó al ex jefe el Ejército, general retirado Cristino Nicolaides, a 25 años de cárcel por conformar una asociación ilícita responsable de los secuestros, las torturas y las desapariciones de un grupo de militantes montoneros detenidos ilegalmente al regresar al país en el marco de la denominada "contraofensiva".
En ese proceso también fueron condenados a 25 años de cárcel el ex jefe de la Central de Reunión de información del Batallón 601 y del grupo de tareas 2, Jorge Luis Arias Duval, y el agente de inteligencia Santiago Manuel Hoya.
El fallo condenó además a los integrantes de la conducción del Batallón 601 Juan Carlos Gualco y Waldo Carmen Roldán, Julio Simón "el Turco" Julián, Carlos Fontana y Pascual Omar Guerrieri.
En aquella condena, la primera que se concretó tras la anulación de las leyes de obediencia Debida y Punto Final, los acusados fueron hallados culpables de los delitos de privación ilegal de la libertad, apremios ilegales y reducción a la servidumbre.
En su sentencia, el juez Lijo consideró que el Batallón 601 fue un engranaje de relevancia para el accionar de la dictadura y la concreción de crímenes de lesa humanidad.
Con la difusión de este listado, se confirma otra sospecha: que la concreción de aquellos hechos contó con el aporte de Personal Civil de Inteligencia (PCI) reclutado para infiltrarse en sindicatos, universidades, organizaciones políticas y sociales con el fin de recabar información.
En la jerga del espionaje castrense, a esos informantes se los denominaba Agentes de Reunión y Agentes de Producción.
En el organismo revistaban unas 800 personas con esa especialidad.
Luego estaban los Analistas -o Agentes de Apoyo y Procesamiento encargados de clasificar los informes.
Eran 475, repartidos en distintas especialidades: agentes, asesores generales, asesores informáticos y asesores universitarios.
Estos últimos eran, en su mayoría, docentes que monitoreaban los contenidos académicos para detectar presuntos mensajes subversivos camuflados en bibliografías sugeridas y planes de estudio.
Eran consultados, además, sobre las distintas actividades estudiantiles que se desarrollaban en sus universidades.
Los que podían ser utilizados en los operativos recibían la clasificación de Agentes de Seguridad.
Era el grupo más nutrido de la nómina: 930.
La mayoría de ellos revistaba en las categorías C1, C2 y C3.
Estas categorías, como la A y la B, definían funciones, jerarquías y salarios.
El Batallón de Inteligencia 601 coordinó el funcionamiento de todos los destacamentos de inteligencia y centros clandestinos del Ejército a lo largo del país.
En la sede radicada en Viamonte y Callao, cada civil tenía asignada una función específica. La nómina aportada por el Archivo incluye a mozos (30), ordenanzas (4), mecánicos (2), dibujantes (13), fotógrafos (28), radioescuchas (218), contadores (72) y operadores de sistemas (150).
También a espías y torturadores.
La mayoría de los nombres incluidos en el listado son reales, pero a los PCI que reunían información a través de infiltraciones o presenciando sesiones de tortura se les permitía inscribirse con nombres de cobertura.
Eso sí, respetando la máxima de la Inteligencia mundial: las iniciales de cada sustantivo debían ser reales.
El Batallón reclutaba a los informantes civiles entre los familiares del personal militar o avalados por otros agentes.
Y varios de ellos incluso siguieron formando parte de la estructura de inteligencia del Ejército aún en democracia.
Entre los PCI del 601 acusados de cometer diversos crímenes durante la dictadura figuran: 1 Raúl Guglielminetti, alias "Mayor Guastavíno", fue un antiguo miembro de la Triple A. Aparece en la lista con la letra C, con tiempo de revista entre 1976 y 1977.
Perteneció al Grupo de Tareas que tenía su base en el centro clandestino de detención Automotores Orletti.
Se había fugado de la Justicia en la década del '90 pero el 9 de agosto de 2006 fue detenido para ser procesado por delitos de lesa humanidad.
Ahora afronta un juicio oral en su contra.
La condena se espera para marzo.
Claudio Scagliusi, que figura en la nómina de PCI también con el grado C, estuvo involucrado en la "Operación Murciélago" -la captura de los montoneros que entraban y salían del país en la fallida "contraofensiva"-.
Scagliusi, hijo de un general de intendencia, fue apresado en España por orden del juez Bonadío, quien solicitó su extradición para juzgarlo.
Su caso tiene una particularidad: una de las sobrevivientes de la "contraofensiva", Silvia Noemí Tolchinsky, que era asistente de la conducción nacional montonera, estuvo secuestrada a menos de cincuenta metros de Campo de Mayo, y habría logrado sobrevivir gracias a este agente, con quien luego entabló una relación de pareja.
Tolchinsky tiene desaparecido a su primer compañero, a su hermano y a otros dos familiares. 1 Santiago Hoya, PCI categoría C involucrado en la "Operación Murciélago". Murió en 2007.
Fue condenado por el juez federal Ariel Lijo.
Estuvo desde el inicio hasta el final de la dictadura cumpliendo tareas en el Batallón y formó parte del contingente de agentes enviados a Centroamérica para entrenar a la contra nicaragüense y a los comandos de la muerte de Honduras. Julio Cirino estuvo en el Grupo de Tareas 7.
En el listado del Batallón 601 figura con la letra A, como "Analista", desde 1978.
"Desde el Batallón 601, Cirino fue el enlace con la Embajada de Estados Unidos durante la dicta dura utilizando el alias de Jorge Contreras, actuando como uno de los jefes secretos del terrorismo de Estado", aseguró el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
Ex miembro de la Fundación PensAR vinculada al Pro, Cirino cayó en desgracia cuando se conocieron documentos del Departamento de Estado donde lo mencionaban como informante.
Aún más: en uno de ellos los diplomáticos mencionan que Cirino se había ufanado ante ellos de haber estado en tres "centros de detención e interrogación" para luego advertir que los desaparecidos "no van a aparecer".
Terminó enredado en su propia trampa y el juez Lijo ordenó su detención. Jorge Oscar Baca, PCI cuyo nombre de cobertura era Juan Omar Boyé, fue secretario de Arias Duval.
Figura con la letra C en el listado oficial y también estuvo durante los años que duró el golpe en las filas en la estructura de inteligencia del Ejército. 1 Roberto "El Oso" Fossa.
Integró la banda de policías y militares que secuestraron y asesinaron al empresario Osvaldo Sivak, entre otros.
Hasta el '82 tuvo el grado C en la lista del PCI.
Ricardo Taddei, también catalogado con la letra C, prestó servicios en el '82. Está acusado por unos 200 casos de secuestros y torturas cometidos durante la última dictadura.
Lo detuvieron en 2006 en España, fue extraditado a la Argentina por pedido del juez federal Daniel Rafecas y, tras negarse a declarar, quedó preso en una cárcel bonaerense.
Carlos Ernesto Peters, otro PCI categoría C, vivió y murió a sangre y fuego. Peters fue el primer torturador asesinado por su mujer, cansada de sufrir maltratos y aberraciones constantes.
Su caso paradigmático está descrito en detalle en el libro Crímenes en familia.
Con estos hombres entre sus filas, la eficacia represiva del Batallón 601 era el orgullo del Ejército.
El condenado a prisión perpetua Santiago Riveros, ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo, no ocultó su admiración durante el nuevo proceso que se sigue en su contra:
"Eran los especialistas en interrogatorios, los únicos que sabían hacerlo. Operaban en todo el país, con vesti mentas de civil.
Gracias a ellos se ganó la guerra", destacó en su declaración indagatoria.
En buena medida, el artífice de la triste reputación del 601 fue el fallecido Guillermo Suárez Mason, jefe de la estructura militar de Inteligencia del Ejército.
Bajo el ingenuo alias de "Pajarito", el más poderoso de los jefes operativos del arma durante la dictadura fue comandante del Cuerpo I de Ejército y amigo del almirante y jefe de la ESMA, Eduardo Massera, con quien compartía membresía en la logia internacional Propaganda Due.
Desde sus reparticiones, ambos planearon y ejecutaron el genocidio local, implementaron la caza de extranjeros a través del Plan Cóndor y exportaron el know how a Centroamérica.
Suárez Mason y Massera fueron condenados por decenas de crímenes, entre ellos, el secuestro de menores.
En la década del '90, por decisión del ex jefe de Estado Mayor Martín Balza, el Batallón pasó a llamarse Centro de Reunión de In formación (CRI).
Pero su actividad siguió vinculada al golpismo incluso en democracia.
En diciembre de 1990, de su sede de Viamonte y Callao, se sospecha, salieron las armas que se utilizaron en el último motín carapintada, comandado por Mohamed All Seineldín.
El titular del Archivo Nacional de la Memoria, Ramón Torres Molina, admitió que esta estructura creada a principios de los años '70 se mantuvo al menos hasta 2000, cuando el Ejército despidió a unos 500 agentes civiles de inteligencia y disolvió el Batallón 601.
A pesar de esos antecedentes, aún no existe una causa judicial que investigue todo el accionar delictivo del Batallón 601. El juez Lijo investigó sólo los ,,h i,, CarlosTepedino, Eugenio Gulñabens Perelló, Reynaldo Bignone y Santiago Riveros (de pie).
El juez Anal Ujo, quien luego de condenar a la cúpula del 601 decidió profundizar la Investigación secuestros, las torturas y las desapariciones de los montoneros julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Ángel Carbajal, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker -hijo del actor cómico Marcos Zucker- y Tolchinsky.
Los cinco prime ros continúan desaparecidos.
La difusión del listado con los nombres de los hom bres y mujeres que inte graron el mayor centro de inteligencia del Estado represor es, a la vez, una reivindicación histórica y un paso hacia el futuro.
Como lo probaron los juicios contra los criminales y colaboradores nazis, ninguna sociedad puede cimentar su porvenir sin afincar su pasado.
El próximo paso de la democracia deberá ser desclasificar los nombres de los agentes civiles de inteligencia de la Armada y de la Fuerza Aérea.
Será entonces cuando se termine de derribar el último muro que separa a la memoria del olvido.
Opinión
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