Hijo de un militar muerto en 1975, encabeza a un sector que reivindica la teoría de los demonios.
Es un caso paradigmático.
Un cambio de estrategia de los sectores vinculados a la última dictadura:
el secuestro y posterior muerte del coronel Argentino del Valle Larrabure busca instalar la idea jurídica de que el asesinato del militar es imprescriptible.
Hasta ahora no ha tenido éxito:
la Corte Suprema ya dictaminó que las acciones de la guerrilla en los ‘70 no son crímenes de lesa humanidad.
El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) tomó el 10 de julio de 1974 la fábrica militar de Villa María, Córdoba.
De allí secuestraron al subdirector del establecimiento, Argentino del Valle Larrabure. Era ingeniero químico y lo querían para que fabricara explosivos.
Estuvo en cautiverio 372 días en una cárcel del pueblo y murió en circunstancias aún no esclarecidas por la Justicia.
Para su familia, fue estrangulado por sus captores.
El ERP siempre sostuvo que el militar se ahorcó con un cordel.
La causa penal por el hecho empezó en agosto de 1975:
se investigó durante más de dos años y se archivó al no conocerse los responsables.
Treinta años después, uno de sus hijos, Arturo Larrabure, se puso al frente de la causa. Es el vicepresidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), el mascarón de proa de un sector de la derecha castrense que busca equiparar a los crímenes cometidos al amparo del terrorismo de Estado con las acciones de las organizaciones guerrilleras. Para debatir sobre estos temas, Larrabure hijo aceptó una entrevista, realizada por mail, con Miradas al Sur.
–Un grupo de peritos realizó hace poco una relectura de los peritajes realizados en 1975 al cuerpo de su padre.
¿Qué dijeron?
–Los peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema no hicieron una relectura de los peritajes realizados en el cuerpo de mi padre.
Por el contrario, han plenamente coincidido con los médicos forenses de la Justicia nacional, José Guillermo Osman Dick y Avelino do Pico, y el médico legista de la Policía Federal, Horacio José Marinoni, quienes, en 1975, llegaron por unanimidad a la conclusión de que había sido estrangulado, basándose en que el surco de su cuello era de recorrido horizontal, levemente oblicuo, y no se interrumpía.
En el ahorcamiento, por el contrario, el surco es de recorrido oblicuo y se interrumpe por la presencia del nudo. El año pasado, los peritos del Cuerpo Médico Forense, Oscar Ignacio Lossetti y Roberto Víctor Cohen; el titular de la cátedra de Medicina Legal de la UBA, Luis Alberto Kvitko; y el perito de partes, Enio Linares, concluyeron por unanimidad que fue víctima de una muerte violenta. Que fue estrangulado.
Especial relevancia dieron a la determinación de alcohol etílico en sangre de 3,5 gramos: eso los llevó a concluir como verosímil que se encontraba “en estado de indefensión o por lo menos con disminución de su capacidad de reacción al momento de su muerte”.
Descartaron la existencia de una asfixia por ahorcadura autoprovocada. Nunca tuve dudas de que a mi padre lo habían matado.
–Es una prueba que se suma al expediente judicial.
La Justicia aún no dictaminó definitivamente que su padre haya sido asesinado.
–Son medidas de prueba de singular importancia.
No es permitido al juez apartarse de las conclusiones de los peritos, a menos que cuente con argumentaciones muy sólidas para hacerlo.
–Hay otras versiones sobre cómo murió su padre.
Gorriarán Merlo, uno de los líderes del ERP, dijo que su padre “padecía una afección psíquica preocupante y se suicidó”.
–¿Usted a quién le creería?
¿Puede darse más crédito a la declaración de gente que puede ser juzgada por este secuestro y asesinato, que a la opinión de los médicos?
Los médicos actúan como científicos y no necesitan ocultar nada, los asesinos sí.
La estrategia desarrollada por Página/12 y Canal 7 afirmando que Larrabure se suicidó fue intentada años atrás por Mario Roberto Santucho y desmentida por sus propias palabras.
Un hombre que les pidió a sus hijos que perdonaran a sus secuestradores no se suicida.
“Quiero morir como el quebracho, que al caer hace un ruido que es un alarido que estremece la tranquilidad del monte.
Quiero morir de pie, invocando a Dios en mi familia, a la patria en mi Ejército, a mi pueblo no contaminado con ideas empapadas en la disociación y en la sangre”, escribió desde su horrendo cautiverio.
–También una investigación del periodista Carlos Del Frade señala que, según el expediente original, no hubo tortura ni asesinato.
–Si Del Frade hubiera tenido al menos la prudencia y el respeto de leer el expediente judicial habría comprobado que las dos autopsias ratificaban el asesinato.
No se puede seriamente calificar de investigación a lo escrito por quien ni siquiera llevó a cabo esa tarea.
–Del Frade también afirma que la autopsia jamás ofreció como conclusión la certeza de un homicidio.
Todo lo contrario: señala que era un cadáver que presentaba indicios de buena alimentación y buen cuidado, sin la menor marca de tortura o golpe alguno.
–Como no es perito forense, Del Frade ignora las diferencias que median entre la estrangulación y el ahorcamiento.
Las características del surco, el grado de alcohol en sangre, y la inexistencia de síntomas propios del ahorcamiento son descriptas en la pericia de la junta médica de manera muy minuciosa.
Pretender rebatirlos con citas de quienes, por su formación marxista, consideran a la verdad un prejuicio burgués, no es serio.
Una persona con 3,5 de alcohol en sangre está en coma alcohólico.
¿Cómo puede ahorcarse?
–¿Cómo sigue la causa judicial?
–Se han ordenado los testimonios de Antonio Cafiero, Martín Caparrós, José Pablo Feinmann, Miguel Bonasso y Jorge Masetti (h), como parte de la investigación integral y profunda ordenada por el fiscal Palacín.
Hemos interpuesto recursos de apelación contra la resolución de la fiscal (Liliana) Bettiolo, que denegó nuestro pedido de que se libre oficio al Ministerio del Interior para que informe la nómina de personas que han percibido las indemnizaciones previstas en la ley 24.411, clarificando si entre las personas indemnizadas se encuentran miembros de ERP y/o Montoneros, FAR, FAP y/u otras organizaciones guerrilleras, muertos durante los ataques a la fábrica Militar de Villa María, Regimientos de Formosa y Azul, y Monte Chingolo o durante enfrentamientos legales con las fuerzas armadas o de seguridad.
La ley 24.411 posibilita que se indemnice aún a los que hubieran muerto por el accionar legal del Estado en ocasión de repeler un ataque terrorista a un cuartel durante un gobierno constitucional.
Esto evidencia que el Estado argentino apoyó el accionar del terrorismo.
–¿La muerte de su padre fue usada por los militares para justificar el golpe?
–No. Es un hecho histórico indubitable que los militares dilataron el golpe de Estado pese al reclamo de la sociedad civil.
Los que se esforzaron en adelantarlo fueron los propios integrantes de la guerrilla que, en pleno gobierno constitucional, realizaron la mayor parte de sus acciones terroristas.
El lema de la guerrilla era “cuanto peor, mejor”.
–¿Por qué recién 30 años después decidió investigar la muerte de su padre?
–Mi padre siempre nos pidió que sepamos perdonar.
Durante treinta años creí que el silencio era la mejor manera de realizar su voluntad, pero cuando observé que se mentía sobre el pasado entendí que a mi padre eso no le gustaría.
Por eso recurrí a la Justicia, buscando siempre conciliar justicia con perdón.
–Usted pasó de pregonar “mirar hacia adelante, perdonar y olvidar” al discurso de “la reconciliación llegará sólo si se juzga a todos”.
–Siempre pensé que la mejor manera de saldar el pasado es llevando adelante un diálogo de reconciliación que permita realizar un juicio histórico riguroso de la trágica década del ‘70, rescatando el valor de todas las vidas.
En 1998, Videla y Firmenich aceptaron participar de ese diálogo, pero ni la Iglesia ni el poder lo convocaron.
Llegado Néstor Kirchner al poder, lo descartó de plano, mientras impulsaba el juzgamiento de sólo una parte de los presuntos culpables y realizaba la apología del accionar de la guerrilla.
A partir de ese momento, pensé que si la decisión era juzgar, debía juzgarse a todos. Comencé la lucha para que el crimen de mi padre fuera declarado de lesa humanidad.
–Pero la Corte Suprema y la Cámara Federal ya dictaminaron que las acciones de las organizaciones político-militares no son crímenes de lesa humanidad ni crímenes de guerra.
Al estar prescriptos, no pueden juzgarse hoy.
–Por encima de lo resuelto por la Corte prima el derecho y la jurisprudencia internacional, que no dudan en considerar los crímenes de las organizaciones guerrilleras de lesa humanidad, aun cuando no haya mediado apoyo estatal.
La Corte Internacional en el caso Nicaragua sostuvo que los contras estaban obligados a respetar a los civiles inocentes durante el conflicto armado interno que afectó a ese país, en función de la Convención de Ginebra de 1949.
–Con el fallo de la Corte de antecedente,
¿por qué el Celtyv sigue intentando equiparar los crímenes que se cometieron bajo el aparato represivo del Estado con los que ejecutó la guerrilla?
–Le invierto la pregunta:
¿por qué desde la Corte y las cámaras federales se desconoce la jurisprudencia internacional, que es obligatoria para nuestro país?
No sólo las organizaciones que integro sostienen esta tesis. Como lo reconoció el ex fiscal del Juicio a las Juntas y actual fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, los crímenes de la guerrilla erpiana y montonera son de lesa humanidad.
Entendió que el último régimen militar, la Triple A y la guerrilla cometieron ese tipo de delitos, declarados imprescriptibles.
–Avala la teoría de los dos demonios, entonces.
–No. La cuestiono por exigua.
El verdadero demonio es la violencia que infecta el corazón de los hombres, y esa violencia no sólo estuvo inserta en el corazón de los guerrilleros y de los militares, también en el de los intelectuales, educadores, políticos, religiosos, que demencialmente predicaron los métodos violentos y destruyeron el sistema legal que había permitido combatir al terrorismo preservando la ley y la vida.
Y lo grave es que perdura allí, como lo demuestra el Parque de la Memoria, donde se rinde público homenaje a muchos que asesinaron y secuestraron.
–¿Por qué tiene de abogado a Javier Vigo Leguizamón, ex funcionario de la dictadura santafesina?
–Moreno Ocampo reconoció que la lucha contra la guerrilla culminó en 1978, cesando entonces las desapariciones y torturas.
Mi abogado fue subsecretario de Justicia y Culto de Santa Fe entre los años ‘81 y ‘82.
En el epílogo de su libro Amar al enemigo condena en términos muy severos la aberrante metodología de las desapariciones, pero pide que también sean juzgados los civiles que comandaron las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Perón y su esposa y que, por acción u omisión, posibilitaron que 908 personas desaparecieran.
–Suele mencionar al Estatuto de Roma para definir el delito de lesa humanidad. Pero está vigente desde 2002 y no es retroactivo.
–En su dictamen, el fiscal Palacín destacó que “las normas que sancionan los delitos de lesa humanidad han estado vigentes en la comunidad internacional desde hace décadas.
La calificación de los delitos contra la humanidad no depende de la voluntad de los Estados, sino de principios del derecho Internacional”.
Los crímenes contra la humanidad quedaron totalmente plasmados en el derecho internacional hace más de medio siglo, por lo que la categoría jurídica se encontraba plenamente vigente al momento de los hechos criminales que sufrió mi padre.
Sin perjuicio de ello es indudable que la guerrilla argentina contó con la colaboración del Estado. Basta leer el discurso de Perón luego del ataque al regimiento de Azul, imputándole al gobernador Bidegain haberlo facilitado, para comprobarlo. Por algo renunció a los dos días.
–¿Cree que es posible hablar de reconciliación entre víctimas y victimarios, sin justicia de por medio?
–Sí, si hay verdadera vocación de diálogo, rigurosidad para el análisis histórico y voluntad de arrepentimiento.
Todos debemos esforzarnos en poner la verdad por encima de la ideología, en comprender todo el dolor.
La reconciliación es un camino independiente de la justicia, aunque ella puede ayudar a reconciliar la patria.
Es fácil reclamar justicia a ultranza, cuando, por connivencias políticas o judiciales, los crímenes cometidos por el reclamante quedan impunes.
La cosa cambia cuando una Justicia valiente y consciente de sus responsabilidades morales e históricas vuelve los ojos hacia el reclamante preguntándole qué hizo en ese pasado doloroso.
Esa es la responsabilidad moral e institucional que pesa sobre los jueces.
–Cuando se habla de “pacificación nacional”, parece que se busca reflotar las leyes del perdón, los indultos y terminar con los juicios a represores.
–Yo no defiendo al Proceso.
A mi padre, como a Rucci, María Cristina Viola y José María Paz, lo mataron antes de que comenzara.
–También hay una fuerte contradicción entre, por un lado, una retórica de “concordia” y, por otro, los feroces comentarios sobre las políticas de derechos humanos que lleva adelante el gobierno.
–Lo que particularmente cuestiono es la banalización de los derechos humanos. Que se los utilice para encubrir injusticias o actos de corrupción.
Que se menosprecie a las víctimas de la guerrilla como si fueran meros objetos a eliminar.
–¿Aporta al debate relativizar las cifras de muertos y desaparecidos?
–Sí, aporta esclarecer el número real de desaparecidos.
Es una falta de respeto a su memoria malversar las cifras o las circunstancias de su muerte en pos de cobrar improcedentes indemnizaciones.
Coincido con Graciela Fernández Meijide cuando, cuestionando la estrategia de Eduardo Luis Duhalde, dijo:
“Es todo tan circunstancial, de tal chiquitaje. Sustituir y llenar de mentiras.
Como los 30 mil desaparecidos.
¿Con qué derecho cuando había un conteo de 9 mil?
¿Porque es un símbolo?
Están los mitos, pero quien hace historia tiene responsabilidad política.
Debe decir la verdad”.
–¿Qué significa para usted el término “memoria completa”?
–Una memoria que abarque todo el dolor y todas las culpas.
El filósofo francés Tzvetan Todorov advirtió sobre los riesgos de una memoria incompleta considerando que nuestro país no era un ejemplo en relación con la búsqueda de la memoria, verdad y justicia.
Recomendó meditar sobre las consecuencias que hubiera tenido la victoria de la guerrilla.
Y recordó que en la misma época, una guerrilla de extrema izquierda desencadenó en Camboya un genocidio de un millón y medio de personas.
–Hay una pregunta que se hace el investigador Germán Ferrari en el libro Símbolos y fantasmas:
¿por qué la evocación en torno de las víctimas de la guerrilla implica siempre de manera explícita o velada una reivindicación de la dictadura o del discurso autoritario?
–Vuelvo a decirle:
no defiendo al Proceso, defiendo a las víctimas de la guerrilla.
Ferrari pretende exculpar a los guerrilleros alegando que mi padre se suicidó, cuando lo mataron porque no pudieron quebrarlo.
Arnold Kremer (N. del R.: Luis Mattini, uno de los jefes del ERP) reconoció que cuando le ofrecieron canjear su libertad por la fabricación de explosivos, “Larrabure se puso en patriota”.
Hoy su heroico ejemplo los acosa como un fantasma, que les pregunta:
¿por qué canjearon sus ideales por las prebendas del poder?
¿Por qué no han disminuido ni la pobreza ni la indigencia?
¿Para esto mataron a tantos?
–Dice que no defiende a la dictadura, pero ¿cómo la evalúa?
–Mi padre me enseñó que aún el peor gobierno democrático es superior a un golpe de Estado.
–¿Cree que en la Argentina hubo una “guerra irregular” como suelen sostener los defensores de la dictadura?
–Le aconsejo leer los considerandos de la sentencia de la Cámara Federal en el Juicio a las Juntas:
por unanimidad concluyeron que el país vivió una guerra revolucionaria.
–Guerrilla y terrorismo no son sinónimos, pero se refiere a las acciones de la guerrilla como “terrorismo”.
No significan lo mismo.
–Son lo mismo.
En la sentencia a los comandantes se dijo:
“Está fuera de discusión que a partir de la década de 1970 el terrorismo se agudizó en forma gravísima, lo que se manifestó a través de los métodos empleados por los insurgentes.
La subversión terrorista puso una condición sin la cual los hechos que hoy son objeto de juzgamiento posiblemente no se hubieran producido.”
–En los ‘70 no hubo terrorismo en el país, tal cual lo entiende la jurisprudencia internacional:
uso indiscriminado de la violencia sobre la población civil, con el objeto de controlar a un grupo o una sociedad por medio del terror.
Las organizaciones guerrilleras realizaron operaciones militares selectivas dirigidas contra fuerzas militares y policiales que provocaron, en algunos casos, la muerte de víctimas inocentes.
–El prólogo original del Nunca más decía que el país había sido también asolado por el terrorismo de las organizaciones guerrilleras.
¿Por qué mataron a Rucci dos días después de que Perón ganara las elecciones por el 62 por ciento de los votos?
¿Por qué asesinaron a María Cristina Viola, de 3 años, el 1º de diciembre de 1974?
¿Por qué atacaron los regimientos de Azul y Formosa?
¿Por qué querían crear milicias populares?
¿Contra qué dictadura combatían?
El decreto 1.368/74, por el que se declaró el estado de sitio, alude expresamente a la necesidad imperiosa de “erradicar una barbarie patológica desatada por un plan terrorista criminal contra la Nación”.
Existió un plan criminal y un ataque sistemático a la población civil para imponer por la fuerza un régimen marxista.
En el caso Akayesu (sobre Ruanda), los tribunales internacionales dijeron que los militares que no participaron en el combate por estar detenidos deben ser considerados miembros de la población civil.
–¿Está de acuerdo con que sean enjuiciados los represores?
–Tal vez la mejor manera de saldar las heridas del pasado sea juzgar a todos. Pero los procesos deben tener una duración razonable y con magistrados probos que no conviertan la prisión preventiva en una condena anticipada.
–Hoy los represores cuentan con todas las garantías con que no contaron los detenidos-desaparecidos en los ‘70.
–No creo que cuenten con todas las garantías. Son manifiestas las presiones que sufren jueces y fiscales.
El presidente de la Asociación de Magistrados y funcionarios ha denunciado presiones.
–Se escucha habitualmente que el gobierno toma venganza contra los militares que participaron del terrorismo de Estado.
Por el contrario, la venganza parece provenir de los sectores afines a los militares, que piensan: ya que no hay amnistía, que se enjuicien a todos.
–Yo no tengo espíritu de venganza.
Más que la condena espero que quienes asesinaron a mi padre se arrepientan, como lo hizo Oscar del Barco cuando escribió que ningún justificativo los volvía inocentes.
No hay “causas” ni “ideales” que sirvan para eximirlos de culpa.
Se trata de asumir la responsabilidad de haber causado intencionalmente la muerte de un ser humano.
No existe ningún “ideal” que justifique la muerte de un hombre, ya sea un militar o un guerrillero.
–¿Cree que la mayoría de la sociedad opina como usted sobre los ‘70?
–Estoy convencido de que sí.
La sociedad ha comenzado a pedir que se juzgue también a los guerrilleros. Lo que todavía no ha meditado es qué hicieron al llegar al poder.
Ojalá algunos dirigentes políticos cierren la herida del pasado violento para que podamos mirar hacia el futuro como soñaron nuestros grandes próceres, como soñó mi padre aún desde la oscuridad de su cautiverio.
Raúl Arcomano
Miradas al Sur
